“La mayor parte de la investigación contra la COVID-19 es pública: la vacuna debería ser universal”

Este artículo es una colaboración con la Agencia Sinc, donde fue publicado originalmente. 

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Todo el mundo está a la espera de tratamientos eficaces contra el coronavirus. Y, sobre todo, de la ansiada vacuna que permita recuperar la normalidad. Pero cuando se desarrolle y apruebe, entraremos en una situación en la que todos los países la querrán para sí y en la que no sabemos qué precio podríamos tener que pagar. Ahora, mientras el mundo espera, es el momento de crear las condiciones para que pueda administrarse de forma asequible y universal.

La organización Salud por Derecho lleva años trabajando por un acceso global a los medicamentos y a los servicios sanitarios. Hace poco han publicado un informe sobre la inversión pública que se está haciendo contra la COVID-19. Además, firmaron junto con otras organizaciones una carta en protesta contra la petición de una aprobación acelerada del remdesivir, un antiviral que parece modestamente eficaz contra el nuevo coronavirus y que podría comercializarse en régimen de exclusividad. La compañía retiró a los pocos días la solicitud.

Hablamos con su directora ejecutiva Vanessa López sobre quién está invirtiendo en la investigación contra la COVID-19, sobre los pasos que convendría dar para garantizar el acceso a la vacuna y a los tratamientos y sobre un modelo de patentes cada vez más cuestionado.

Lo primero que creo que debemos tener claro es que la gran mayoría de la inversión que se está haciendo en la investigación, tanto de medicamentos como de vacunas contra el nuevo coronavirus, es pública. Puede parecer que las empresas están trabajando solo con sus propios recursos, pero no es así. Dicho esto, si queremos que los resultados sean bienes para todo el mundo, necesitaremos no solo precios asequibles, sino que haya varios productores que puedan elaborarlos. Si se concede una licencia exclusiva para una compañía que sea la única que puede fabricar y comercializar una vacuna, eso será imposible.

Hubo un ejemplo reciente cuando Gilead solicitó la aprobación de remdesivir por procedimiento acelerado y, aunque lo consiguieron y eso podría darles exclusividad, renunciaron por la presión popular. ¿El hecho de que ahora el mundo esté tan pendiente puede frenar este tipo de movimientos?

Sí, la presión popular es fundamental. Nosotros mismos como organización firmamos una carta junto con más de 150 organizaciones y personalidades pidiendo que se retirara la solicitud. ¡Nos dedicamos a eso! [sonríe]. Pero creo que no debemos dejar que estas cosas sucedan y después reaccionar para ver si una compañía se echa atrás. Son los Gobiernos, que además están invirtiendo el dinero, los que tienen que crear las condiciones para que esto no pase. Y eso implica establecerlas por contrato.

¿Cómo deberían regular la situación los Gobiernos?

Aquí podrían diferenciarse dos líneas. Cómo actúa un país a nivel nacional e internacional. Cuando un país decide dar fondos a grupos de investigación puede introducir cláusulas que obliguen a esos equipos, ya sean públicos o privados, para que si se obtiene un producto exitoso, se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que el precio sea asequible y que el Estado se reserve la facultad de regularlo. También que las licencias que puedan resultar sean abiertas para evitar monopolios y que pueda haber varios comercializadores.

En el caso actual es más necesario que nunca porque si no será imposible abastecer a toda la población. Eso es lo que estamos pidiendo a los Gobiernos, y en el fondo es la misma lógica que debería operar a nivel internacional. Por ejemplo, la CEPI [Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias] lleva recaudados más de 800 millones de euros para financiar el desarrollo de una vacuna –pretenden llegar hasta 2.000 millones– y la mayor parte son públicos. Si la vacuna es exitosa deberían seguirse las mismas premisas.

Habría que considerar la parte de inversión que ha sido pública y privada. A partir de ahí, deberían cubrirse los costes que han supuesto a las compañías más un beneficio razonable, que podría ser de un 10 %. De esta manera, obtienen ganancias, pero no a través de la exclusividad y el monopolio.

Mariana Mazzucato lleva años reclamando que se tenga en cuenta la inversión pública previa en investigación al negociar los precios. Según su tesis, los Estados hacen mucha inversión de riesgo, pero luego suelen desmarcarse de ese esfuerzo en la fase de negociación final.

Sí, la lógica debería ser esa, la cuestión es que nunca lo hemos hecho así. Se podría hacer perfectamente, pero no ha habido voluntad ni transparencia. Las compañías se benefician de todo lo invertido por los Estados en investigación básica, pero no solo, también de lo que se invierte en las fases finales y más aplicadas. En España, por ejemplo, más del 60% de la investigación médica está financiada por el Estado.

También en ensayos clínicos hay ejemplos en el mundo como el del trastuzumab [un fármaco contra el cáncer de mama] donde el 50 % de los ensayos se realizaron con presupuesto de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. O el del alemtuzumab [contra la esclerosis múltiple] en más de un 70 %.

Pero a la hora de fijar los precios, las empresas sostienen que desarrollar un medicamento es muy caro y que hay muchos proyectos que se empiezan y fracasan. Suelen hablar de una media de 1.000 millones de dólares por fármaco aprobado.

Sí, incluso se habló de hasta 2.500 millones, pero esas cifras cada vez están más discutidas por muchas razones. Primero, porque las publica un grupo de investigación que paga la industria farmacéutica. Segundo, porque no hay ninguna transparencia en esos números, no sabemos de dónde vienen, es un acto de fe. Y tercero, porque cada vez están saliendo más investigaciones que las refutan y que las sitúan muy por debajo, aun incluyendo en los costes los proyectos que fracasan. No sabemos lo que supuso desarrollar el remdesivir, por ejemplo, pero sí que los costes de producción son únicamente de 0,93 dólares por día de tratamiento.

Volviendo a la COVID-19 y a los posibles medicamentos y vacunas. Los países que más han invertido en alguno de ellos, ¿no podrían reclamar a otros una compensación por su inversión de riesgo? ¿No podrían tratar de hacer negocio ellos también?

Sí, pero vuelve a ser un problema de voluntad que se podría resolver. Por ejemplo, se podrían fijar acuerdos para que el precio en países diferentes al que ha hecho la inversión fuera superior, pero razonable. Y también habría que tener en cuenta las posibilidades de cada uno de ellos porque no todos van a poder pagar esas cantidades.

Algunos ejemplos ponen difícil ser optimistas. En la pandemia de gripe A, en 2009, Australia retardó la comercialización de su vacuna para vacunar antes a su población. Y Trump dice que va a priorizar a la población de EE UU si la vacuna se desarrollaba allí…

Es cierto. Por eso necesitamos acuerdos globales y evitar medidas proteccionistas que serían absolutamente indeseables.

Hace poco, la OMS hizo una llamada a la acción buscando la unión y la colaboración entre Estados, instituciones y empresas. Pero de momento unirse a ella es solo algo voluntario. ¿Hasta qué punto tiene relevancia? (…)

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