Hacia una política basada en la evidencia: de la ciencia al Parlamento
Son dos mundos que apenas parecen tocarse: la ciencia y la política. Sin embargo, hay una multitud de puentes potenciales entre una y otra, puentes que no tienen tanto que ver con políticas científicas como con el camino inverso, con la ciencia ayudando a hacer mejores políticas y en multitud de ámbitos. Una política que, sin negar las ideologías, trabaje más cercana a la evidencia. Una ciencia que, sin negar su propio funcionamiento, se mezcle con las decisiones en sociedad. Acaba de nacer en España la iniciativa Ciencia en el Parlamento.
Son dos mundos que apenas parecen tocarse: la ciencia y la política. No mucho más allá, al menos, de las constantes reivindicaciones de la primera tratando de conseguir una mejor financiación por parte de la segunda. Sin embargo, hay una multitud de puentes potenciales entre una y otra, puentes aún por construir y que no tienen tanto que ver con políticas científicas como con el camino inverso, con la ciencia ayudando a hacer mejores políticas y en multitud de ámbitos. Una política que, sin negar las ideologías, trabaje más cercana a la evidencia. Una ciencia que, sin negar su propio funcionamiento, se mezcle con las decisiones en sociedad.
Ese es el propósito último de Ciencia en el Parlamento, una iniciativa surgida de un grupo de científicos que pretende mejorar ese diálogo a nivel del Estado español. “Muchos de nosotros hemos estado en el extranjero y veíamos cómo funcionaba en otros países”, comenta Andreu Climent, investigador postdoctoral en el Hospital Gregorio Marañón y uno de los principales impulsores del proyecto. “Es obvio que tenemos un problema de política científica, pero también en el modo en que empleamos la ciencia en la sociedad. Y ese problema muchas veces está en los propios científicos, porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort, de nuestros propios laboratorios”.
En Australia existe desde hace veinte años el programa Science Meets Parlament, por el que se establecen reuniones periódicas que culminan en dos días al año dedicados a encuentros entre más de doscientos científicos con los diputados del Parlamento. En el propio Parlamento Europeo existe una reunión anual de este tipo. Y en el Reino Unido disponen de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST), un organismo independiente que sirve de asesoría científica continuada a los diputados. Este servicio ha publicado ya cerca de 600 informes relacionados con las más diversos ámbitos, desde cómo abordar el fenómeno del envejecimiento de la población a los problemas de la red eléctrica, pasando por otros como la edición genética o la seguridad nuclear. E incluyendo muchos que, en un principio, parecerían alejados de la noción instintiva de lo que entendemos al oír la palabra ciencia, pero sobre los cuales esta puede tener mucho que aportar. Por ejemplo: sobre el alojamiento de inmigrantes o el extremismo islámico, sobre la educación obligatoria o sobre posibles sesgos en los procesos judiciales, entre muchos otros.
Con estos modelos en mente, la iniciativa Ciencia en el Parlamento lanzó su propuesta. En enero se reunieron con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y ya está convocada una jornada de encuentros para los días 6 y 7 de noviembre, con motivo del 40 aniversario de la Constitución. En apenas unos meses han conseguido el apoyo explícito de más de dos mil personas y 150 instituciones, y han recibido unas cien propuestas para ser debatidas en las jornadas de noviembre. De ellas se han seleccionado doce, enmarcadas en áreas como la salud (envejecimiento, prevención del suicidio y retos ante las enfermedades infecciosas), las matemáticas y la ingeniería (inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías de transporte y comunicaciones), el medio ambiente (cambio climático, contaminación por plásticos y gestión del agua) y las ciencias sociales (conciliación familiar, educación basada en la evidencia e inclusión social, migraciones y refugiados). “Se han elegido desde la propia mesa del Parlamento y son temas sobre los que está legislando o sobre los que se planea hacerlo próximamente”, explica Climent. “Ante todo queremos que estén interesados”. Además, se han seleccionado 25 técnicos de asesoramiento científico que se formarán durante los meses de julio y octubre para preparar los debates y reuniones.
Representantes de Ciencia en el Parlamento reunidos con la presidenta del Congreso, Ana Pastor / Fuente: cienciaenelparlamento.org
Una de las recomendaciones de los organizadores a quienes lanzaban las propuestas era esta: “Sé humilde, la evidencia científica no lo es todo”. “Creo que los científicos pecamos a veces de arrogancia, lo cual no es nada útil para lo que queremos comunicar”, reconoce Climent. Pero, además, “los políticos no dejan de ser los responsables de las decisiones, tienen otras fuentes de información y deben atender a una multiplicidad de actores. Y muchas veces la evidencia científica no es contundente. Lo que queremos, principalmente, es que tanto los políticos como la sociedad entiendan que la ciencia es probablemente la mejor herramienta que tenemos para que haya más prosperidad”.
El camino de la ciencia para la política tiene dos vertientes diferentes. Por un lado está la asesoría científica, hacia donde se dirige principalmente la iniciativa. Por otro se encuentra la evaluación de las políticas desde un método más próximo al científico. “En España no hay agencias de evaluación de políticas públicas”, reconoce Climent. “Hubo en su momento, pero nunca fueron independientes del gobierno —como sí lo son en otros países—, y ahora se encuentran en un limbo sin utilidad”.
Este tipo de evaluaciones son necesarias para valorar la eficacia de las medidas. Para prorrogarlas si son útiles —la evidencia puede hacer que se mantengan aunque cambie el color político, como sucedió con el programa PROGRESA de educación y sanidad en México— o para cambiarlas si no lo son. Para ello es preciso analizarlas de forma adecuada. Por ejemplo, a través de estudios semejantes a ensayos clínicos pero aplicados a lo social, ensayos que utilicen distintos grupos para analizar la utilidad derivada de las decisiones, aislándolas de otros factores que podrían confundir la evaluación. Hay numerosos casos contraintuitivos, de medidas que parecían funcionar pero que solo estaban suponiendo un gasto superfluo. Por ejemplo, como comenta en un artículo en el diario El Español el periodista y miembro de Politikon Kiko Llaneras, «un programa de vuelta al empleo en el contexto de una crisis puede parecer que funciona, pero en realidad quizás lo esté haciendo porque el contexto ha cambiado y se ha iniciado una recuperación«.
Esquema de una política basada en la evidencia / Fuente: cienciaenelparlamento.org
Todo esto no significa que la ciencia sea la solución completa ni que conlleve la negación de las ideologías. Para Llaneras, “existe a veces cierta pulsión tecnocrática, pensando que esto va a resolver la política, pero no es así, porque siempre habrá dilemas que sopesar y que no tienen una respuesta técnica”. Lo cual no quita que la ciencia reclame su lugar. En La urna rota, Llaneras también escribe: «Jamás los vemos (a los políticos) asumir algo evidente: que hay asuntos complicados sobre los que no es posible tener una posición rotunda. Excepto, claro está, si esa rotundidad es infundada».
Sobre la primera vertiente, la de la asesoría científica, en Europa existen 17 oficinas agrupadas bajo la red EPTA(que incluye también cinco no europeas asociadas). No figuran España o Italia, pero sí Cataluña.
El CAPCIT, la asesoría científica en Cataluña
El CAPCIT, creado en 2008, es el “Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia”. Aunque está pendiente de constituirse en esta nueva legislatura, suele estar formado por 21 personas y lo preside el President o Presidenta del Parlament: nueve son diputados o diputadas (seis provienen de cada uno de los grupos mayoritarios, a los que se añaden dos representantes de la Mesa del Parlament y el propio President o Presidenta) y doce provienen de diferentes entidades científicas o técnicas de Cataluña, como l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) o l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), entre otras. “Nos reunimos cada tres meses, aproximadamente”, comenta Josep Samitier, director del L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y miembro del CAPCIT como director de ACER. “Se suelen plantear cuestiones de fondo, como temas de difusión de la ciencia y de la formación científica de los jóvenes, pero los que tienen que ver más con ciencia orientada a la política surgen a iniciativa de los políticos” (…)
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