La ley muleta

El verano discurre como tantos otros y las noticias, como suele ser habitual, traen más paja que de costumbre. Aun así, siempre podemos buscar lo que se esconde tras esos titulares que devoramos velozmente antes de darnos el chapuzón.

La playa, justamente, es el escenario donde han tenido lugar un par de noticias que conviene repescar. La primera, “El pulso por el nudismo en la playa de Sant Sebastià” (diario El Periódico 3.08.11), una zona de la Barceloneta que ha cobrado especial protagonismo desde la construcción del famoso hotel Vela y que ahora el Ayuntamiento de Barcelona quiere ver libre de ‘destapados’. La otra, que el Ayuntamiento de “El Vendrell impone su primera sanción contra un bañista irresponsable” (diario Avui 18.08.11).

Vayamos por partes. En el caso del nudismo la noticia hace referencia a la modificación de la ordenanza de civismo que aprobó recientemente el Ayuntamiento, según la cual se prohíbe ir desvestido en los espacios públicos de la ciudad. Aun así, el propio documento establece, en el artículo 74bis, que la regulación “no es de aplicación a los paseos marítimos ni a las calles ni vías inmediatamente contiguas a las playas o al resto del litoral”, lo que parece indicar que se pretendía dejar de lado el dominio público marítimo terrestre (DPMT) –la titularidad del cual es del Estado-.

La tentación inmediata es acudir a la Ley de Costas de 1988. En ella comprobaremos que no se recoge ninguna distinción reglamentaria de qué se entiende por playa nudista o por las más recientemente mal llamadas ‘playas familiares’. No hay ninguna distinción en lo que se refiere a vestidos de baño, nudismo ni ‘top-less’, deduciendo que cualquier clasificación en este sentido solo está motivada por la costumbre y no por disposiciones legislativas (en el ámbito anglosajón se podría considerar la costumbre como ley, pero en los países latinos seguimos legislando primero para luego intentar cumplir las leyes).

Igual que nadie nos puede obligar a andar en cueros por las playas nudistas, nadie parece capacitado para vestir a las personas que anden (o se bañen) en terrenos de DPMT, por más hoteles de lujo y clubes sociales a los que les plazca estar mirando a la playa.

El caso del bañista del Vendrell apercibido por no obedecer a las fuerzas del orden local viene precedido de tristes antecedentes, como es la muerte de tres personas que se ahogaron en el mismo tramo de costa este verano. Aquí se advierte con bandera roja que la zona no es apta para el baño ni la navegación. Hartos de que parte de los bañistas no respeten la señalización y del consecuente peligro que puede suponer, el consistorio parece haber optado por multar las actitudes irresponsables. Se acoge a la misma Ley de Costas, que en su artículo 91 se refiere a las infracciones. Concretamente se especifica que serán sancionables “las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales” con multas de hasta 6.000€.

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El debate sobre la aplicación de leyes que afectan al DPMT y si prevalecen o no sobre las ordenanzas municipales debería hacer reflexionar a las administraciones sobre su utilidad y disfunciones. Si no, la próxima temporada estival, alguien podría tener la tentación de prohibir los baños de sol de 12 a 4 o decretar que nos paseemos con túnica y turbante bajo el sol canicular. Definitivamente, seria la manera de atajar dos problemas de golpe – y con porrazo-. Aunque sinceramente, ahora que la crisis ya alcanza incluso a los textos legales, quizá vuelva el momento de apostar por la educación y el criterio de las personas.

Marc Casanovas

DIXIT